Lecturas

El caudillo revolucionario

De 1917 a 1940 México experimenta la organización del régimen populista, inventado y desarrollado como ideología y como estilo político durante la lucha armada, y su transformación en un complejo político y social en el que las relaciones capitalistas se desarrollan sobre la base de la conciliación de las diversas clases sociales y del sometimiento de las mismas al Estado de Ejecutivo fuerte.

El triunfo de las clases medias en la gran conmoción social de 1910-1917, sancionado por la Constitución de Querétaro, había echado cimientos del nuevo sistema (…), reivindicando el principio fundador de la propiedad privada, libre de privilegios, las reformas sociales a favor de los desposeídos, y al Estado autoritario y paternalista, con su Ejecutivo dotado de poderes extraordinarios permanentes.

En la coexistencia de estos elementos contradictorios tomaban cuerpo la concepción de un desarrollo capitalista moderno para México, la determinación de resolver los problemas económicos inmediatos de las masas y, con ello, la apertura de una alternativa al peligro de eventuales explosiones revolucionarias de las clases bajas de la sociedad. Por el papel que se le atribuía en el nuevo orden social, el Estado venía a cobrar una importancia de primera magnitud; de su función como rector del sistema dependían tanto el desarrollo de la economía capitalista como la realización de las reformas sociales. Los poderes extraordinarios conferidos al Ejecutivo convertían al presidente de la República en la figura central de todo el organismo político y social.

(…) Por algunos años, el ejército iba a ser no sólo el elemento que daría dimensión real a los poderes del presidente, sino además el semillero de nuevos presidentes y, en gran medida, de la clase capitalista. De esta suerte, en el ambiente creado por la Revolución, la figura del caudillo iba a ser, necesariamente, el motor de todo el movimiento (…) nadie que no fuera un caudillo podría gobernar el ejército y la República, o integrar en un nuevo organismo político en un país descuartizado por la guerra civil. Se comprende que el caudillo, a su vez, no pudiese ser más que un militar, cuyo prestigio se ligara a su biografía guerrera, a sus brillantes victorias militares y trascendiera así al campo de la política. Don Venustiano Carranza fue un caudillo, pero su prestigio indiscutible por muchos años derivó no sólo de su personalidad autoritaria, de la rigidez de su acción política o de su nexo político con Madero, sino, y sobre todo, de la fidelidad que le guardaron los jefes militares constitucionalistas durante la Revolución; ese prestigio decayó rápidamente cuando comenzaron a surgir los caudillos militares, primero entre todos el general Álvaro Obregón.

Arnaldo Córdova,
Ideología de la Revolución Mexicana,
Era, México, 1979, pp. 262-263.

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La misión cultural vasconcelista

Vasconcelos veía con una gran claridad los múltiples aspectos del problema mexicano: educación indígena para asimilar la población marginal; educación rural para mejorar el nivel de vida del campo mexicano; educación técnica para elevar el de las ciudades; creación de bibliotecas; publicación de libros populares; popularización de la cultura, etcétera. El problema de la educación rural, pesadilla que ya tenían Sierra y sus colaboradores, fue una de las preocupaciones más importantes del secretario, quien encontró en la historia mexicana misma la inspiración para crear una de las instituciones mexicanas de mayor éxito: la misión cultural. Convencido de que sólo en una ocasión se había logrado reeducar al pueblo, en el siglo XVI, cuando los misioneros habían llevado a cabo la más extraordinaria de las hazañas al recorrer todos los rincones del territorio, aprendido las lenguas y enseñado la cultura y la religión cristiana, Vasconcelos trató de adaptar la labor educativa a una experiencia semejante, de ahí el nombre de maestro misionero. Se despacharon los modernos misioneros que traían no sólo la letra y el número, también la promesa de un mejoramiento y de una ayuda y el llamado a colaborar en una tarea común (…). La misión cultural compuesta de un grupo de maestros, generalmente un jefe, un trabajador social, un experto de higiene, cuidados infantiles y primeros auxilios, un instructor de educación física, un maestro de música, un especialista en artes manuales instruido para aprovechar en lo posible los recursos de cada región y un especialista en organización de escuelas y métodos de enseñanza, cuya principal tarea era la coordinación de los cursos académicos con la agricultura y las industrias manuales.

Josefina Vázquez de Knauth,
Nacionalismo y educación en México,

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El Estado y la Iglesia católica: su responsabilidad en la guerra cristera

(…) es indudable que la Iglesia católica había actuado desde 1917 al margen de las cláusulas de la Constitución que le imponían serias restricciones, especialmente en materia educativa. Pueden comprobarse además muchos casos aislados de declaraciones de eclesiásticos sobre problemas políticos, así como también otros en que el clero católico fomentaba la oposición al gobierno. Es innegable, asimismo, que la política seguida por la Iglesia en relación con los ordenamientos constitucionales en materia religiosa era de franco repudio. Y es evidente también que el presidente Calles podía alegar que actuaba dentro de los límites legales propios de su encargo, al aplicar las cláusulas de la Constitución, por más que muchos de sus subalternos, extremando las medidas, violaban frecuentemente las garantías individuales.

Además, resulta igualmente evidente que los miembros laicos de la Iglesia católica, en su intento de combatir las restricciones impuestas por el gobierno, muchas veces perdieron todo sentido de perspectiva.

(…) Es evidente (…) que el propósito fundamental de Calles era el de establecer la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Imbuido de tal idea, llegó hasta alentar a los cismáticos que se mostraban sumisos a la política del gobierno en materia religiosa. Pero, al fomentar el cisma y al poner en práctica mediante reglamentación especial aquellas medidas restrictivas consagradas por la Constitución, sometía a la Iglesia al control gubernamental (al exigir el registro de sus miembros y limitar el número de ellos), o restringía sus actividades (por ejemplo las que atañían a su labor educativa), lo cual tenía inevitablemente que producir una ola de inconformidad en vastos sectores del clero y de los fieles católicos.

Como, además, existía un mutuo recelo entre el sector revolucionario y laborista por una parte y los grupos de católicos militantes en la política y en la acción social por otra, los ánimos estaban predispuestos en contra de todo posible avenimiento y propendían a considerar cada paso que daba el contrario como una deliberada provocación. Fue así como se cayó en una desafortunada guerra religiosa que ensangrentó al país, perdiéndose varios años en una lucha estéril de la que no se salió hasta el final del gobierno de Cárdenas y, sobre todo, bajo la gestión del presidente Ávila Camacho.

Alicia Olivera Sedano,
Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929,
SEP, México, 1987, pp. 109-111.

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La función del Partido de la Revolución

Calles pensaba dar un cauce institucional de largo plazo a la vida política del país, pero también quería encontrar una salida de corto plazo a un problema más inmediato: la necesidad de reponer la elección presidencial para elegir al sustituto de Obregón. La muerte del caudillo posibilitaba el establecimiento, por primera vez en la historia del país, de reglas claras para procesar pacíficamente entre los grupos políticos la sucesión presidencial. Aunque ya existían las reglas formales, aquellas que se encontraban establecidas en la Constitución y que se referían a los aspectos legales y a los requisitos de elección, aún faltaban las informales, los acuerdos no escritos pero acatados que servirían para que, en lo sucesivo, los vencedores de la Revolución no tuvieran que disputarse el poder de manera violenta.

No siempre se aceptó de buena gana el resultado, pero a partir de ese momento la transmisión del Poder Ejecutivo se realizó puntualmente. Hubo elecciones competidas y resultados polémicos, así como diversas escisiones en el Partido de la Revolución, las cuales fueron vistas como serias amenazas a su hegemonía, pero que finalmente no impidieron ganar en los comicios y alcanzar una presencia a nivel nacional que nunca tuvo ninguno de los bandos en pugna durante el siglo XIX, ni los muchos partidos nacionales efímeros que se organizaron durante las dos primeras décadas del XX.

En gran medida, la Revolución Mexicana, que en su momento se vivió como una sucesión de conflictos diferentes, como un movimiento heterogéneo con demandas regionales en ocasiones contrapuestas, cobró forma en el imaginario colectivo gracias al partido y a su cobertura ideológica. Diseñada tan amplia como fue posible, dicha ideología incluyó a los diversos grupos revolucionarios con signos de identidad colectiva claros: la reforma agraria, la defensa de los derechos laborales, la educación universal y laica, el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, y, sobre todo, la no reelección.

Es imposible entender el siglo XX mexicano, posterior a la Revolución, sin apreciar la importante función que el Partido de la Revolución ha desempeñado en la organización de la política mexicana. La ausencia de una historia rigurosa, menos ideologizada y verosímil de dicho partido hace que la mayoría de los mexicanos no vean en él más que un apéndice del Poder Ejecutivo, un instrumento electoral del gobierno o, en el peor de los casos, una agencia de colocaciones.

Puede ser que estas interpretaciones sobre el papel y la labor del Partido de la Revolución sean atendibles, pero resultan menores a la hora de entender su labor y su importancia, su enorme contribución en diversos ámbitos de la vida política y, en general, su complejidad.

Manuel González Compeán y Leonardo Lomelí Vanegas,
El Partido de la Revolución. Institución y conflicto (1925-1999),
Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 22-23.

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Expulsión del general Calles

El Ejecutivo a mi cargo ha venido observando con toda atención las incesantes maniobras que algunos elementos políticos han desarrollado en el país, en los últimos meses, encaminadas a provocar un estado permanente de alarma y desasosiego social.

Mientras dichas maniobras se limitaron a una campaña difamatoria, en la República y en el extranjero, contra los miembros de la actual administración y los sistemas por ella implantados, sostuve el firme propósito —que hice público, inicialmente— de proceder en el caso sin precipitación alguna, con absoluta serenidad, y diferí la intervención del poder público para cuando de modo inequívoco se advirtiese que los autores de esa agitación persistían en su tarea disolvente.

Pero cuando la situación ha llegado a extremos tales en los que, sin recato alguno, estos elementos mantienen una labor delictuosa que tiende a estorbar la marcha de las instituciones y a frustrar los más nobles fines del Estado, contrariando, además, el sentido de nuestra lucha social, ha parecido indispensable al Ejecutivo Federal abandonar su actitud vigilante y adoptar medidas de emergencia, a fin de evitar a la nación trastornos de mayor magnitud que, de no conjurarse, amenazarían quebrantar la organización misma de la colectividad y podrían poner en peligro, inclusive, las conquistas alcanzadas, a trueque de tantos sacrificios, en nuestros movimientos reivindicadores.

En esa virtud, consciente de sus responsabilidades el gobierno que presido y deseoso de apartarse de lamentables precedentes que existen en la historia de nuestras cruentas luchas políticas, en las que frecuentemente se ha menospreciado el principio de respeto a la vida humana, estimo que las circunstancias reclamaban, por imperativo de salud pública, la inmediata salida del territorio nacional de los señores general Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, Luis L. León y Melchor Ortega.

Lázaro Cárdenas,
10 de abril de 1936.

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Postulados cardenistas sobre el capital y el trabajo

1. Necesidad de que se establezca la cooperación entre el Gobierno y los factores que intervienen en la producción para resolver permanentemente los problemas que son propios en las relaciones obrero-patronales, dentro de nuestro régimen económico de derecho.
2. Conveniencia nacional de proveer lo necesario para crear la Central Unida de Trabajadores Industriales que dé fin a las pugnas intergremiales, nocivas por igual a obreros, patronos y al mismo Gobierno.
3. El Gobierno es el árbitro regulador de la vida social.
4. Seguridad de que las demandas de los trabajadores serán siempre consideradas dentro del margen que ofrezcan las posibilidades económicas de las empresas.
5. Confirmación del propósito, expresado anteriormente a los representantes obreros, de no acordar ayuda preferente a una determinada organización proletaria, sino al conjunto del movimiento obrero, representado por la Central Unida.
6. Negación rotunda de toda facultad a la clase patronal para intervenir en las organizaciones de los obreros, pues no asiste a los empresarios derecho alguno para invadir el campo de la acción social proletaria.
7. Las clases patronales tienen el mismo derecho que los obreros para vincular sus organizaciones en una estructura nacional.
8. El Gobierno está interesado en no agotar las industrias del país, sino en acrecentarlas, pues aun para su sostenimiento material, la Administración Pública reposa en el rendimiento de los impuestos.
9. La causa de las agitaciones sociales no radica en la existencia de núcleos comunistas. Éstos forman minorías sin influencia determinada en los destinos del país. Las agitaciones provienen de la existencia de aspiraciones y necesidades justas de las masas trabajadoras, que no se satisfacen, y de la falta de cumplimiento de las leyes del trabajo que da material de agitación.
10. La presencia de pequeños grupos comunistas no es un fenómeno nuevo ni exclusivo en nuestro país. Existen estas pequeñas minorías en Europa, en Estados Unidos y, en general, en todos los países del orbe. Su acción en México no compromete la estabilidad de nuestras instituciones, ni alarma al Gobierno ni debe alarmar a los empresarios.
11. Más daño que los comunistas han hecho a la nación los fanáticos que asesinan a los profesores, fanáticos que se oponen al cumplimiento de las leyes y del programa revolucionario y, sin embargo, tenemos que tolerarlos.
12. La situación patronal reciente no se circunscribió a Monterrey, sino que tuvo ramificaciones en otros centros importantes de la República como La Laguna, León, el Distrito Federal, Puebla y Yucatán.
13. Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus agitaciones no se conviertan en bandera política, porque esto nos llevaría a una lucha armada.
14. Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social pueden entregar sus industrias a los obreros o al Gobierno. Esto será patriótico; el paro, no.

Lázaro Cárdenas,
Los catorce puntos de la política obrera presidencial,

Actividad 1

Instrucciones

Parte de la diplomacia internacional consiste en que cuando un embajador llega a un país debe presentar sus cartas credenciales al mandatario de la nación anfitriona. Este documento es una carta formal, en donde se da la acreditación diplomática para que el portador actúe como embajador de su país de origen.

Daniels Josephus fue embajador de EU en México durante 9 años. Él fue representante diplomático durante el gobierno de Abelardo Rodríguez; sin embargo, cuando Josephus acababa de llegar al país y antes de presentar sus cartas credenciales al entonces presidente, Daniels Josephus visitó a Calles en su casa particular y le entregó en propia mano una carta que le enviaba el presidente estadounidense Roosevelt.

En dicha carta, Roosevelt felicitaba a Calles: “Por el progreso económico de México y por la tranquilidad lograda en el país gracias a sus esfuerzos como el hombre fuerte del mismo”. Esta carta y el hecho de que el embajador norteamericano visitara primero a Calles, causó gran molestia en el presidente Abelardo Rodríguez.

• ¿Qué significado tuvo el que Josephus visitara a Calles antes que al presidente?
• Si Calles no era el presidente, entonces, ¿qué cargo ocupaba para haber recibido tal distinción del embajador y del presidente Roosevelt?

Completa el siguiente cuadro por medio de una investigación en fuentes confiables:

Actividad 2

Instrucciones

Analiza con detenimiento el siguiente corrido dedicado a Plutarco Elías Calles:

Fuente: Antonio Avitia Hernández, Corrido histórico, 1998.

Actividad 3

Instrucciones

Analiza con atención el artículo 27 de la Constitución de 1917.

Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esta no podrá ser apropiada sino por causa de la utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales suceptibles (sic) de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación.

(…) Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el Decreto de 6 de enero de 1915. La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados, se considerará de utilidad pública. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.

(…) En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable a imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata, y se cumplan con los requisitos que prevengan las leyes. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones: I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales en la República mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.

Fuente: Secretaría de Gobernación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero del 1857, Diario Oficial Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, México, 1917 (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf).

En seguida, lee detenidamente la siguiente información.

El 9 de marzo de 1916 cerca de 600 integrantes de la División del Norte, al mando de Francisco Villa, cruzaron la frontera mexicana hacia Estados Unidos y atacaron la población de Columbus, en Texas. Este acontecimiento provocó que la iracunda opinión pública, la prensa y el Congreso presionaran al entonces presidente Wilson para enviar una fuerza militar al mando del general John J. Pershing para perseguir a Villa. Ese mismo día, en Guadalajara, Carranza fue informado del anuncio de Wilson por Andrés G. García, cónsul constitucionalista en El Paso, Texas. Así, Estados Unidos envió a México la llamada expedición punitiva formada por 4 800 soldados, que más tarde aumentó a 10 000, con la intención de capturar a Villa vivo o muerto y destruir sus tropas. Esta movilización militar provocó la invasión al estado de Chihuahua, a pesar de que Pershing hubiese declarado que la movilización se haría con respeto a “la soberanía de México”. Finalmente, y a pesar del despliegue militar, Villa nunca fue capturado ni sus fuerzas fueron destruidas, además de que la presencia de tropas norteamericanas provocó una hostil reacción en el pueblo mexicano hacia EU, lo que empañó aún más las relaciones entre el gobierno de Washington y el de Venustiano Carranza. 

Actividad 4

Instrucciones

Analiza con detenimiento el siguiente extracto del artículo 27 constitucional:

Fuente: Secretaría de Gobernación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero del 1857, Diario Oficial Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, México, 1917 (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf).

¿Sabías qué...?

La respuesta del pueblo ante la expropiación petrolera

(...) Por fortuna, el pueblo de México comprendió inmediatamente los efectos saludables de la resolución del gobierno, y externó su opinión en una forma plebiscitaria y entusiasta que no tiene precedentes en México.

Las grandes manifestaciones de los estudiantes universitarios, de los obreros, de los campesinos, del ejército y del pueblo en general, realizadas unánimemente en toda la República, fueron por su número y entusiasmo, de las que harán época en la vida cívica del país; y sus jornadas que posteriormente se llevaron a cabo en esta capital, promovidas exclusivamente por la mujer mexicana y efectuadas con el concurso sucesivo del elemento femenino y de los niños; y la actitud insólita de los católicos mexicanos, que por primera vez en la historia del país, se presentaron sin egoísmos a contribuir en la obra de redención nacional, pusieron de relieve las virtudes que privan en el pueblo; y la circunstancia muy especial de que las clases más pobres de la nación y las laborantes de toda actividad productora que fueron las que dieron las más fuertes notas de emotividad y de sacrificio en sus aportaciones, revelaron la unanimidad con que México está dispuesto a llevar hasta el fin este acto de emancipación definitiva de su economía interior, librándola de toda tutela extranjera y de toda especulación egoísta, que por muchos años se opuso a la evolución industrial de la nación mexicana, [y] al mejoramiento de los trabajadores (...).

Lázaro Cárdenas,
27 de abril de 1938.